Formulario sobre el blog

Como todas las opiniones tienen importancia, os dejamos aquí un pequeño cuestionario para que pongais las vuestras.

Sanidad quiere aplicar un único calendario vacunal para 2012

Calendario vacunal de 2011 para pediatría

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad confía en llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas a finales de año para aplicar un calendario vacunal único en 2012. Así lo ha manifestado hace unos días la directora general de Salud Pública y Sanidad Exterior, Carmen Amela, durante un encuentro informativo en el que ha destacado la buena disposición de las comunidades para llegar al acuerdo.

Actualmente, todas las autonomías tienen el mismo número de vacunas en su calendario, salvo Madrid, que incluye la del neumococo y la de la varicela; Navarra, esta última, y Galicia, la primera. Y es precisamente en estas dos vacunas donde residen las principales diferencias para alcanzar un acuerdo.
Amela ha explicado que después del verano estarán listos los estudios de coste-efectividad, encargados por el Ministerio, sobre esas dos vacunas;  y también se contará con estudios epidemiológicos unificados. Una vez se disponga de ambos informes, comenzarán las negociaciones con las comunidades autónomas.

Las vacunas contra el neumococo y la varicela
son las principales causantes de no encontrar un acuerdo

Además, también están pendiente de conocerse los datos sobre una nueva vacuna contra el neumococo, aprobada ya por la Agencia Española del Medicamento, que cubriría 13 de los 83 serotipos de esta enfermedad frente a los 7 que cubre la actual, que supone que solo sea eficaz en el 55 por ciento de los casos.
En cuanto a la vacuna de la varicela, la epidemióloga Isabel Pachón ha asegurado que aunque a corto plazo es eficaz, sus efectos a largo plazo son discutibles, ya que se desconoce si la vacunación masiva puede influir en el patrón epidemiológico de la enfermedad o si son suficientes dos dosis para una inmunización definitiva.
La directora general ha asegurado que se parte de una posición de consenso y que "no hay condiciones de partida" para llegar a un acuerdo, aunque ha reconocido que podrían desaparecer algunas vacunas del calendario único. No obstante, ha precisado que podría darse el caso de que una determinada comunidad tuviera unas características epidemiológicas específicas que justificasen una vacuna. Amela ha asegurado que la vacunación abarca al 95% de la población española y ha señalado que el objetivo de los programas de vacunación no son llegar al cien por cien.

Salvar la sanidad pública con ayuda de la privada

¿Sanidad pública o privada?

Si pudiera elegir entre una tarjeta de seguro médico privado que le cubriera todas sus dolencias sin pagar más y una cobertura sanitaria pública, ¿con cuál se quedaría? Este dilema se le podría llegar a plantear si el Gobierno atiende las recomendaciones de un informe que la Fundación Bamberg ha elaborado con las opiniones de un centenar de expertos.
El documento, "independiente y apartidista", cuenta con opiniones de lujo, entre ellos tres ex ministros de Sanidad, dos de gobiernos del Partido Popular —Ana Pastor y José Manuel Romay— y uno del PSOE, Bernat Soria. Para Soria, este es el segundo informe de estas características en el que participa y en el que propone recetas para salvar una sanidad que ya acumula un déficit de 15.000 millones de euros.
El documento de la Fundación Bamberg rechaza el copago, entendido como el cobro de una cantidad simbólica por acto médico. "El pago de un euro o dos por consulta solo elevaría el coste burocrático y no garantizaría la financiación pública", explicó Ignacio Para, presidente de la Fundación Bamberg, durante la presentación del trabajo. El nuevo modelo de gestión plantea dar más autoridad al médico de Familia para que sea él quien eduque a sus pacientes y contenga la demanda.
El informe no entra a debatir si los pensionistas que hoy no pagan por las recetas deberían pagar por los medicamentos en función de su renta. Pero sí recomienda que se ponga fin a la desigualdad actual que hoy obliga a pagar a los parados de larga duración el 60% de la factura de sus medicamentos y a los pensionistas de sistemas como Muface o Isfas.

Las aseguradoras privadas ofrecerán
los servicios sin opción de negarse

En el nuevo modelo, las fronteras entre lo público y lo privado quedan totalmente diluidas y se da más independencia al paciente. Se plantea que el Gobierno negocie una cartera básica de prestaciones para todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde vivan o de sus recursos. Y que las aseguradoras privadas puedan ofrecer estos servicios sin posibilidad de negarse a tratar a los enfermos más costosos. Será el ciudadano quien decida cómo quiere tratarse y el Estado quien financie el seguro médico. El paciente también podrá elegir médico y el hospital en el que quiera ser atendido para favorecer la competencia entre centros sanitarios. Si el ciudadano elige otro centro fuera de la zona en la que vive, su hospital estará obligado a pagar los costes de su asistencia. "Se tendrán que esforzar mucho los centros para que no se vayan sus pacientes", apuntó Para.

Los médicos cobrarán en
función de sus resultados

En esta propuesta, que quiere dar la vuelta al actual sistema sanitario,también se plantea acabar con la figura del funcionario en el personal sanitario para buscar mayor eficiencia. Médicos y enfermeras cobrarían en función de resultados y de su nivel de responsabilidad. La mayoría de las medidas propuestas son estructurales y darán sus frutos a largo plazo. A corto, "habrá que explicar que si no hay dinero tendremos que reducir las prestaciones. No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades", zanjó el presidente de la Fundación Bamberg.
El ex ministro Bernat Soria evitó pillarse los dedos con sus declaraciones. No defendió el informe, "sino la necesidad de un debate para buscar soluciones estructurales". Mario Mingo, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso apoyó un documento "que puede gustar o no, pero que defiende una mayor cohesión del sistema sanitario".

A quien no gustó es a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que considera que la entrada del sector privado supondría el desmantelamiento de la sanidad pública. En un comunicado, la FADSP advierte que la propuesta "relega al sistema sanitario público al papel de financiador y controlador. Las prestaciones financiadas con fondos públicos se limitarían a un paquete básico, mientras que el resto serían financiadas por el usuario directamente o mediante seguros privados".

Presentación del blog

Hola!
Esta es una pequeña presentación que hicimos del blog. Esperamos que os pueda servir de ayuda.

Aumenta el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social

El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social creció en marzo después de siete meses consecutivos de bajada. El mes pasado se registraron 7.665 nuevos cotizantes extranjeros, que suman un total de 1.777.438, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
De los afiliados extranjeros 659.409 proceden de la Unión Europea (UE) y 1.118.030 del resto de países. Más de la mitad, un 64,39% (1.144.545 personas), cotizan en el régimen general, y el 11,26% (200.182) son autónomos; en el sector agrario trabajan 246.986 extranjeros, es decir, un 13,90%, y un 10,15% (180.350) en el hogar. Por último, los rectores con menos representación son el mar y el carbón, con 4.811 y 564 cotizantes respectivamente, es decir, el 0,27% y 0,03% del total de los afiliados extranjeros.

Cataluña y la Comunidad de Madrid siguen siendo las comunidades que más tasa de afiliados extranjeros registran, con un 22% y un 21,65% respectivamente. Aunque ambas han sufrido un leve descenso con respecto al mes anterior. En el lado opuesto se mantienen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la comunidad cántabra, con porcentajes inferiores al 1%.

Derechos del usuario de la sanidad pública

Todas las personas gozan de derechos con respecto a las distintas administraciones públicas y sanitarias; y estos derechos son:

1º - Respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad; sin poder ser discriminado por motivos raciales, sociales, morales, sexuales, económicos, ideológicos, políticos o sindicales.
2º - Derecho de información de los servicios sanitarios a los que puede acceder y requisitos necesarios para su uso.
3º - Derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su caso particular y con su estancia en instituciones públicas o privadas que colaboren con el sistema público.
4º - Derecho a ser advertidos si los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos aplicados son utilizados con motivo docente o de investigación; y con la certeza de que en ningún caso podrá provocar un peligro mayor para la salud del paciente. En todo caso, será imprescindible la previa autorización por escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y la dirección del correspondiente centro sanitario.
5º - Derecho a la información sobre su proceso en términos comprensibles (tanto al paciente como a sus familiares o allegados) completa y continuada, verbal y escrita, incluyendo pronóstico, diagnóstico y alternativas al tratamiento.
6º - Derecho a la libre elección de las opciones que le presente el responsable de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención; excepto en los siguientes casos:
   a) Cuando la "no intervención" suponga un riesgo para la salud pública.
   b) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones; en cuyo caso corresponderá a sus familiares o allegados.
   c) Cuando la urgencia no permita demora por la posibilidad de que surjan lesiones irreversibles o  por la existencia de peligro de muerte.
7º - Derecho a que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer al paciente y que será su interlocutor principal con el equipo asistencial y, en cuya ausencia, otro facultativo asumirá su responsabilidad.
8º - Derecho a que se le extienda un certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su exigencia se establezca por disposición legal o reglamentaria.
9º - Derecho de negación al tratamiento, excepto en los casos señalados en el punto 6º, debiendo para ello solicitar el alta voluntaria, en los términos que se señalan en la propia Ley.
10º - Derecho a participar a través de las instituciones comunitarias, en los términos establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.
11º - Derecho a que quede constancia por escrito de todo su proceso al finalizar su estancia en una institución hospitalaria. El paciente, el familiar o una persona acreditada podrán recibir el informe del alta.
12º - Derecho a utilizar las vías de reclamación y de sugerencias en los plazos que reglamentariamente se establecen.
13º - Derecho a elegir médico y demás sanitarios titulados, de acuerdo con las condiciones contempladas por esta Ley en las disposiciones que dicten para su desarrollo y en las que se regule el trabajo sanitario en los centros de salud.
14º - Derecho a obtener medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer la salud; en los términos que, reglamentariamente, se establezcan para la administración del Estado.

Respetando el peculiar régimen económico de cada servicio sanitario, los derechos contemplados en los puntos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º y 11º de este artículo serán aplicados también con respecto a los centros de servicio privado.

Ajuste en toda la sanidad pública, afectada por la crisis

Cuatro meses después del cambio de Gobierno en la Generalitat, el sistema de salud catalán se enfrenta a un drástico plan de ajuste que exige la reducción de entre el 8 y el 16% del gasto en sus casi 80 centros sanitarios. La finalización de contratos eventuales, el cierre de quirófanos durante la tarde, el aplazamiento de obras, el alquiler de instalaciones o la dilatación de plazos entre segundas visitas médicas son algunas de las medidas esbozadas por las gerencias para dar respuesta a las duras exigencias presupuestarias, que obligan a reducir el gasto en unos 950 millones de euros. Con la oposición a los recortes ya en la calle, y en un intento de reconducir la explosión informativa, el consejero de Salud ha asegurado que en los planes que se concretarán en los próximos días el Govern "no cruzará la línea roja que afecte a la calidad del servicio", apuntando que el principal signo de este recorte para el usuario se vivirá en las listas de espera, que necesariamente tendrán que alargarse.
El crecimiento sostenido del gasto sanitario, asociado al éxito clínico de una asistencia cada vez más capaz, choca ahora con una crisis financiera que impone el ahorro y obliga a pisar el freno. La urgencia en los planes de ajuste de la Generalitat sitúa el foco en Cataluña, pero todas las autonomías han iniciado medidas para contener la factura sanitaria, que absorbe entre el 30 y el 40% de sus presupuestos. Las cuentas para la sanidad de las Comunidades Autónomas han bajado en 2011 una media del 4,1% (4,9 en Galicia) y la gestión de los recursos ha cobrado un nuevo protagonismo, empujando a las autonomías a explorar métodos de ahorro.
Las administraciones fiscales exigen recortes rápidos y la orden (sostiene un informe elaborado por PwC con la coordinación de los exministros de Sanidad Ana Pastor y Julián García Vargas) se aplica ahora al sector sanitario, históricamente marcado "por un cierta desconsideración hacia el presupuesto" y "un cierto abuso del carácter de bien preferente". El documento, que cifra el déficit de la sanidad entre el 10 y el 15% de los presupuestos asignados por las Comunidades Autónomas (en torno a los 15.000 millones de euros), analiza así una tradicional "impotencia" de los departamentos de Hacienda en el control de gasto sanitario; una idea que concuerda con las siete inyecciones de financiación adicional que ha necesitado el sistema sanitario en democracia, la última en 2005 con la Conferencia de Presidentes.
En Galicia, la Consellería de Pilar Farjas asiste al reajuste catalán con la seguridad de haber actuado con previsión "desde el minuto uno de la legislatura". En el verano de 2009, cuatro meses después de la toma de posesión del nuevo Gobierno, Sanidade apostaba por elevar el rendimiento del horario ordinario en los hospitales del Sergas y anunciaba la reorganización de la actividad extraordinaria de tarde. La limitación impuesta a las horas extra (el primer año de aplicación cerraría con un balance de 6.844 cirugías menos) se acompañaba por una gestión de las listas por prioridad clínica, que a principios de 2010 se traducía en un repunte de nueve días en el tiempo medio de espera. "No queremos gestionar medias aritméticas, sino pacientes de acuerdo a la gravedad de su patología y sus circunstancias clínicas y sociales", explicaba la conselleira insistiendo en que había llegado el momento de gestionar cada euro.
En su primer verano al frente de la Consellería, Farjas iniciaba también una campaña escalonada de promoción de los medicamentos genéricos (equivalentes a las marcas innovadoras pero más baratos por no estar sujetos a patente), que a finales de 2010 se completaba con el catálogo priorizado de medicamentos (recurrido por el Gobierno estatal y paralizado cautelarmente por el Tribunal Constitucional), en una apuesta decidida por concentrar la financiación pública en las versiones más eficientes de 34 grupos de medicamentos equivalentes, avalada por una ley del Parlamento autonómico.
La gestión de Sanidade en los dos años y medio de Gobierno del PPdeG ha incluido también una apuesta por la captación de capital privado como herramienta para revitalizar el sector y no frenar la construcción de infraestructuras, y la redefinición de los proyectos del Bipartito para los nuevos hospitales de Pontevedra y Vigo. La unión de empresas liderada por Acciona y Puentes y Calzadas recibía a comienzos de año el proyecto del hospital de Vigo, el primero que en Galicia recurrirá a la fórmula del pago aplazado ya rodada en Madrid o Valencia.
Estas y otras actuaciones, como el impulso de una plataforma logística para optimizar las compras, las instrucciones de ahorro en el gasto corriente o la revisión de los tratamientos de pacientes polimedicados, son, según fuentes de Sanidade, pasos en la buena dirección, iniciados desde 2009 y comprendidos por el usuario, que hoy están permitiendo a la sanidad gallega "una situación de adelanto en solvencia sobre las demás comunidades que no han tomado medidas y que parece que ahora lo están teniendo que hacer de forma más drástica".
Es cierto, coincide la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública (ADSP), que en Galicia los planes de contención del gasto sanitario arrancaron antes que en Cataluña y transcurren de modo ordenado, pero a ojos de esta plataforma, convocante de la manifestación de noviembre de 2010 contra la intervención de capital privado en la construcción de los centros sanitarios y el deterioro del sistema público, el objetivo de estas actuaciones no es la sostenibilidad del sistema público, sino su "descapitalización".
"En Cataluña se está hablando de cerrar quirófanos por la tarde, pero es que aquí ya vivimos ese cierre con la excusa de la perversidad del sistema de peonadas; vimos la no renovación de trabajadores hospitalarios, la paralización del Plan de Mellora da Atención Primaria, la supresión de guardias de presencia física de Radiología en los hospitales comarcales, la cesión de servicios de diálisis a una fundación privada, el atraso de la construcción de los hospitales de Vigo y Pontevedra (que pasarán a costar cuatro veces más que en los planes del Bipartito al dar entrada al capital privado) o la paralización de los planes directores de Ourense, Santiago o A Coruña", apunta Manuel Martín, médico de familia del Sergas y portavoz de la ADSP.

"El problema, añade, es que está claro que lo que se pretende es hacer de la sanidad pública un negocio muy lucrativo". "Esa es la agenda oculta: desmontar el sistema público para abrir expectativas de negocio a los seguros privados. Eso es lo que pretende el Gobierno catalán poniendo al frente de la Consejería de Salud a un directivo de la patronal de la sanidad concertada", sostiene.

Los españoles, contentos con la sanidad pública

Siete de cada diez ciudadanos considera que la Seguridad Social funciona bien o bastante bien, a pesar de las listas de espera, principal motivo de preocupación del Sistema Nacional de Salud (SNS) para los ciudadanos, como demuestra el que hasta un 49'7 por ciento de los españoles considera que la situación no ha cambiado en el último año. Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, durante la presentación del Barómetro Sanitario de 2010, para el que se han realizado 7.600 entrevistas.

Sin embargo, en términos generales, la valoración positiva del SNS sigue creciendo, ya que los cuidadanos la puntúan con un 6'57 sobre 10, frente al 6'14 que obtuvo en 2005. De este modo, la encuesta revela que el 74% de los ciudadanos considera que funciona bien o bastante bien, mientras que sólo el 3'5% cree que debería rehacerse por completo el sistema.
A pesar de esto, los ciudadanos califican con un suspenso el tiempo que los médicos especialistas tardan en ver a los pacientes desde que se solicita una cita (4'89 sobre 10), el retraso en la entrega de los resultados de las pruebas diagnósticas (4'87) y el tiempo de demora para el ingreso no urgente en el hospital (4'74). El barómetro muestra también que hasta uno de cada tres encuestados considera que su Comunidad Autónoma no está realizando acciones para mejorar sus listas de espera, frente al 36'9% que sí ve políticas "para arreglar la situación" o el 29'3% que lo desconoce. Así, los ciudadanos de Galicia y Canarias son los que menos nota dan a su sanidad pública.
Según Pajín, "hay muchas comunidades que están tomando medidas y, gracias a ello, han recortado el tiempo de espera para determinadas intervenciones". Además, ha recordado que su departamento también está trabajando con los gobiernos autonómicos para tratar de mejorar la situación mediante la fijación de un tiempo máximo de espera para cada intervención, como anunció hace un año su antecesora en el cargo, si bien no ha precisado cuándo se pondrá en marcha esta medida. De hecho, los aspectos que deben ser mejorados para los ciudadanos son el tiempo que los médicos especialistas tardan en ver a los pacientes desde que se pide una cita, el retraso en la entrega de los resultados de las pruebas y el tiempo de demora para el ingreso no urgente en el hospital.

Rajoy promete la colegiación obligatoria para médicos y enfermeras

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que el programa de su partido para las próximas elecciones autonómicas y municipales incluirá la obligatoriedad de colegiarse para médicos y enfermeras. Esta propuesta de Rajoy contraviene lo previsto en el proyecto de Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Economía y que permitiría a los profesionales de la Sanidad pública no colegiarse, dejando su actividad en manos de los gestores de los centros.
El líder popular ha hecho estas declaraciones en la Cumbre Mundial Médico-Enfermera, en la cual han participado nueve países y 1.600 profesionales, para dar muestra de que en la mayoría del mundo es obligatorio colegiarse para ejercer esta profesión.
El acto ha sido clausurado por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, quien no se ha referido en ningún momento directamente al conflicto desatado por el proyecto de ley, aunque ha dicho que es partidaria de "trabajar por acrecentar la fortaleza general" de las profesiones sanitarias.
El PP ha registrado paralelamente una iniciativa parlamentaria en el Congreso, instando al Gobierno a impulsar la universalidad de la colegiación universal así como que estos órganos pueden asumir funciones como el registro de profesionales, la competencia relativa a la objeción de conciencia y las acciones de formación continuada.
En opinión de Rajoy, los órganos colegiados "guían la conducta de los profesionales" y son "un elenco clave" para la toma de decisiones con "autonomía y responsabilidad".
Los presidentes del Consejo General de Médicos y Enfermeros, Juan José Rodríguez Cendin y Máximo González Jurado, respectivamente, han hecho hincapié en el peligro que supone dejar los criterios deontológicos y de calidad en manos de los gestores de la sanidad pública. Especialmente, ante los recortes que ha iniciado la Generalitat de Cataluña y que, en opinión de ambos, sarán "mimetizados" por el resto de las comunidades después de los comicios del 22 de mayo.
"Estamos muy lejos de la senda de los recortes salariales impuestos por el Gobierno", ha afirmado Rajoy, quien ha prometido una política para estimular el desarrollo profesional de los trabajadores sanitarios, así como un nuevo modelo de atención primaria.
"Austeridad no significa sin más recortes", ha subrayado, para agregar que el nuevo escenario fiscal exige políticas que prioricen los gastos y evalúen su eficiencia y gestión. "Echamos de menos que el Gobierno, al presentar en Bruselas el paquete de medidas para cumplir con el Pacto del Euro, no haya dicho nada de la Sanidad", ha comentado.
Rajoy es partidario de recuperar "el espíritu y letra" de la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud para "poner freno a las inequidades" del actual modelo autonómico, siempre con la "complicidad de los profesionales".
El dirigente popular ha dicho que la deuda de la sanidad que ha dejado el Gobierno socialista asciende ya a 15.000 millones de euros, algo que, a su juicio, es "síntoma de una enfermedad para la que no se han aplicado soluciones". "Es inútil intentar que los problemas se resuelvan solos", ha alegado Rajoy, quien ha lamentado que el Ejecutivo haya sustituído el Pacto por la Sanidad por un "listado de buenos propósitos".
Frente al escenario actual de escasez presupuestaria, ha recordado que cuando el PP llegó al Gobierno dedicaba a la Sanidad 437 euros por persona y año, cifra que se elevó hasta los 1.000 euros al final de su mandato.

Tres hospitales malagueños demandados tras la muerte de una joven

El pasado domingo 10 de abril falleció una joven malagueña de 34 años de edad en la Unidad de Quemados del Hospital Carlos Haya.
La joven, Susana, ha pasado casi un mes hospitalizada tras haberse sometido a una operación de estética para un aumento de mamas el pasado día 4 de marzo en la clínica Chip, después de haber cobrado una indemnización por un accidente de tráfico. La familia de la misma ha anunciado que interpondrá una denuncia contra tres centros médicos ante lo que consideran una "cadena de negligencias" médicas.
Según testimonios de la familia, Susana fue intervenida en la clínica Chip, advirtiéndole previamente al cirujano de que estaba resfriada, pero aún así, la operación se llevó a cabo, recibiendo el alta al día siguiente. Una vez en casa, la muchacha comenzó a sentir síntomas de asfixia que no remitieron cuando a los pocos días le quitaron el vendaje pectoral.
El estado de la mujer empeoró, provocando su ingreso de urgencia en el Hospital Clínico Universitario, en cuya UVI pasó 14 días. Una vez en planta, le suministraron un fármaco pastilla que le provocó la aparición de llagas en el total de su cuerpo, lo que obligó a trasladarla a la Unidad de Quemados del Hospital Carlos Haya, centro en el que falleció la madrugada del domingo, después de que tardaran en reanimarla; siempre según la versión de la familia.
Los familiares han puesto en manos de su abogado el caso, anunciando la interposición de una denuncia a cada uno de los hospitales en los que la muchacha ha sido tratada, al considerar que se había producido una cadena de negligencias médicas.
El cuerpo de Susana recibió ya sepultura en el pueblo granadino de Loja, sin realizarse la pertinente autopsia porque "mi hija ya había sufrido lo suficiente", dijo su madre.

Comienza el juicio de la "operción Karlos"

Ayer, día 11 de abril de 2011 tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Cádiz la primera sesión del juicio a los imputados por la "operación Karlos", nombre que recibe una trama descubierta en el año 2006, dedicada a la concesión de pensiones por incapacidad laboral y por la que están imputadas 29 personas por estafar a la Seguridad Social. Entre estas personas se encuentra la esposa de un conocido torero, Mª José Campanario, y la madre de ésta, motivo por el cual ha causado tanta repercusión mediática.
En la primera jornada, los abogados de los acusados han pedido la anulación del juicio. La Audiencia enjuicia a una treintena de acusados por estafa a la Seguridad Social para obtener de forma fraudulenta una incapacidad laboral.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimó el recuso presentado por las defensas de los procesados estableciendo que el juicio se celebrase ante una sala de jueces profesionales y no ante un jurado popular; la razón: que el delito principal, la estafa, no es competencia del jurado, según establece la ley. El resto de imputaciones son simples actos para lograr la estafa, según el Tribunal Supremo.
La estafa fue ideada por el exjefe de la policía municipal de Ubrique , Carlos Carretero, que ideó un plan para obtener dinero de personas a quienes ofreció recibir pensiones fraudulentas por incapacidad laboral. A su vez, éste se puso de acuerdo con un amigo, Francisco Casto Pérez, inspector médico en la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Junta de Andalucía para manipular los informes médicos.
El fiscal pide diez años de prisión para Carretero y Francisco Casto, y cuatro para Mª José y su madre. Aún así, se les ha ofrecido pactar la reducción de condena si se declaran culpables; pacto rechazado por tres de estos imputados ya que se declaran inocentes desde el principio. Este no es el caso del cabecilla de la trama, Carlos Carretero, que pactó cuatro años y medio de prisión, declarándose culpable del delito.
El juicio se reanudará el 11 de mayo, continuando los días posteriores de ese mismo mes y de junio.

Irregularidades en la sanidad

En este vídeo encontramos algunas de las irregularidades que se encuentran diariamente en nuestro país, como es el caso de estos 27 médicos dominicanos que ejercían en centros de salud de Murcia, Cuenca y Alicante sin poseer el título de Medicina, sin haber superado el MIR y sin tan siquiera presentar su título universitario extranjero para ser homologado, como exige la ley.