Salvar la sanidad pública con ayuda de la privada

¿Sanidad pública o privada?

Si pudiera elegir entre una tarjeta de seguro médico privado que le cubriera todas sus dolencias sin pagar más y una cobertura sanitaria pública, ¿con cuál se quedaría? Este dilema se le podría llegar a plantear si el Gobierno atiende las recomendaciones de un informe que la Fundación Bamberg ha elaborado con las opiniones de un centenar de expertos.
El documento, "independiente y apartidista", cuenta con opiniones de lujo, entre ellos tres ex ministros de Sanidad, dos de gobiernos del Partido Popular —Ana Pastor y José Manuel Romay— y uno del PSOE, Bernat Soria. Para Soria, este es el segundo informe de estas características en el que participa y en el que propone recetas para salvar una sanidad que ya acumula un déficit de 15.000 millones de euros.
El documento de la Fundación Bamberg rechaza el copago, entendido como el cobro de una cantidad simbólica por acto médico. "El pago de un euro o dos por consulta solo elevaría el coste burocrático y no garantizaría la financiación pública", explicó Ignacio Para, presidente de la Fundación Bamberg, durante la presentación del trabajo. El nuevo modelo de gestión plantea dar más autoridad al médico de Familia para que sea él quien eduque a sus pacientes y contenga la demanda.
El informe no entra a debatir si los pensionistas que hoy no pagan por las recetas deberían pagar por los medicamentos en función de su renta. Pero sí recomienda que se ponga fin a la desigualdad actual que hoy obliga a pagar a los parados de larga duración el 60% de la factura de sus medicamentos y a los pensionistas de sistemas como Muface o Isfas.

Las aseguradoras privadas ofrecerán
los servicios sin opción de negarse

En el nuevo modelo, las fronteras entre lo público y lo privado quedan totalmente diluidas y se da más independencia al paciente. Se plantea que el Gobierno negocie una cartera básica de prestaciones para todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde vivan o de sus recursos. Y que las aseguradoras privadas puedan ofrecer estos servicios sin posibilidad de negarse a tratar a los enfermos más costosos. Será el ciudadano quien decida cómo quiere tratarse y el Estado quien financie el seguro médico. El paciente también podrá elegir médico y el hospital en el que quiera ser atendido para favorecer la competencia entre centros sanitarios. Si el ciudadano elige otro centro fuera de la zona en la que vive, su hospital estará obligado a pagar los costes de su asistencia. "Se tendrán que esforzar mucho los centros para que no se vayan sus pacientes", apuntó Para.

Los médicos cobrarán en
función de sus resultados

En esta propuesta, que quiere dar la vuelta al actual sistema sanitario,también se plantea acabar con la figura del funcionario en el personal sanitario para buscar mayor eficiencia. Médicos y enfermeras cobrarían en función de resultados y de su nivel de responsabilidad. La mayoría de las medidas propuestas son estructurales y darán sus frutos a largo plazo. A corto, "habrá que explicar que si no hay dinero tendremos que reducir las prestaciones. No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades", zanjó el presidente de la Fundación Bamberg.
El ex ministro Bernat Soria evitó pillarse los dedos con sus declaraciones. No defendió el informe, "sino la necesidad de un debate para buscar soluciones estructurales". Mario Mingo, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso apoyó un documento "que puede gustar o no, pero que defiende una mayor cohesión del sistema sanitario".

A quien no gustó es a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que considera que la entrada del sector privado supondría el desmantelamiento de la sanidad pública. En un comunicado, la FADSP advierte que la propuesta "relega al sistema sanitario público al papel de financiador y controlador. Las prestaciones financiadas con fondos públicos se limitarían a un paquete básico, mientras que el resto serían financiadas por el usuario directamente o mediante seguros privados".