Ajuste en toda la sanidad pública, afectada por la crisis

Cuatro meses después del cambio de Gobierno en la Generalitat, el sistema de salud catalán se enfrenta a un drástico plan de ajuste que exige la reducción de entre el 8 y el 16% del gasto en sus casi 80 centros sanitarios. La finalización de contratos eventuales, el cierre de quirófanos durante la tarde, el aplazamiento de obras, el alquiler de instalaciones o la dilatación de plazos entre segundas visitas médicas son algunas de las medidas esbozadas por las gerencias para dar respuesta a las duras exigencias presupuestarias, que obligan a reducir el gasto en unos 950 millones de euros. Con la oposición a los recortes ya en la calle, y en un intento de reconducir la explosión informativa, el consejero de Salud ha asegurado que en los planes que se concretarán en los próximos días el Govern "no cruzará la línea roja que afecte a la calidad del servicio", apuntando que el principal signo de este recorte para el usuario se vivirá en las listas de espera, que necesariamente tendrán que alargarse.
El crecimiento sostenido del gasto sanitario, asociado al éxito clínico de una asistencia cada vez más capaz, choca ahora con una crisis financiera que impone el ahorro y obliga a pisar el freno. La urgencia en los planes de ajuste de la Generalitat sitúa el foco en Cataluña, pero todas las autonomías han iniciado medidas para contener la factura sanitaria, que absorbe entre el 30 y el 40% de sus presupuestos. Las cuentas para la sanidad de las Comunidades Autónomas han bajado en 2011 una media del 4,1% (4,9 en Galicia) y la gestión de los recursos ha cobrado un nuevo protagonismo, empujando a las autonomías a explorar métodos de ahorro.
Las administraciones fiscales exigen recortes rápidos y la orden (sostiene un informe elaborado por PwC con la coordinación de los exministros de Sanidad Ana Pastor y Julián García Vargas) se aplica ahora al sector sanitario, históricamente marcado "por un cierta desconsideración hacia el presupuesto" y "un cierto abuso del carácter de bien preferente". El documento, que cifra el déficit de la sanidad entre el 10 y el 15% de los presupuestos asignados por las Comunidades Autónomas (en torno a los 15.000 millones de euros), analiza así una tradicional "impotencia" de los departamentos de Hacienda en el control de gasto sanitario; una idea que concuerda con las siete inyecciones de financiación adicional que ha necesitado el sistema sanitario en democracia, la última en 2005 con la Conferencia de Presidentes.
En Galicia, la Consellería de Pilar Farjas asiste al reajuste catalán con la seguridad de haber actuado con previsión "desde el minuto uno de la legislatura". En el verano de 2009, cuatro meses después de la toma de posesión del nuevo Gobierno, Sanidade apostaba por elevar el rendimiento del horario ordinario en los hospitales del Sergas y anunciaba la reorganización de la actividad extraordinaria de tarde. La limitación impuesta a las horas extra (el primer año de aplicación cerraría con un balance de 6.844 cirugías menos) se acompañaba por una gestión de las listas por prioridad clínica, que a principios de 2010 se traducía en un repunte de nueve días en el tiempo medio de espera. "No queremos gestionar medias aritméticas, sino pacientes de acuerdo a la gravedad de su patología y sus circunstancias clínicas y sociales", explicaba la conselleira insistiendo en que había llegado el momento de gestionar cada euro.
En su primer verano al frente de la Consellería, Farjas iniciaba también una campaña escalonada de promoción de los medicamentos genéricos (equivalentes a las marcas innovadoras pero más baratos por no estar sujetos a patente), que a finales de 2010 se completaba con el catálogo priorizado de medicamentos (recurrido por el Gobierno estatal y paralizado cautelarmente por el Tribunal Constitucional), en una apuesta decidida por concentrar la financiación pública en las versiones más eficientes de 34 grupos de medicamentos equivalentes, avalada por una ley del Parlamento autonómico.
La gestión de Sanidade en los dos años y medio de Gobierno del PPdeG ha incluido también una apuesta por la captación de capital privado como herramienta para revitalizar el sector y no frenar la construcción de infraestructuras, y la redefinición de los proyectos del Bipartito para los nuevos hospitales de Pontevedra y Vigo. La unión de empresas liderada por Acciona y Puentes y Calzadas recibía a comienzos de año el proyecto del hospital de Vigo, el primero que en Galicia recurrirá a la fórmula del pago aplazado ya rodada en Madrid o Valencia.
Estas y otras actuaciones, como el impulso de una plataforma logística para optimizar las compras, las instrucciones de ahorro en el gasto corriente o la revisión de los tratamientos de pacientes polimedicados, son, según fuentes de Sanidade, pasos en la buena dirección, iniciados desde 2009 y comprendidos por el usuario, que hoy están permitiendo a la sanidad gallega "una situación de adelanto en solvencia sobre las demás comunidades que no han tomado medidas y que parece que ahora lo están teniendo que hacer de forma más drástica".
Es cierto, coincide la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública (ADSP), que en Galicia los planes de contención del gasto sanitario arrancaron antes que en Cataluña y transcurren de modo ordenado, pero a ojos de esta plataforma, convocante de la manifestación de noviembre de 2010 contra la intervención de capital privado en la construcción de los centros sanitarios y el deterioro del sistema público, el objetivo de estas actuaciones no es la sostenibilidad del sistema público, sino su "descapitalización".
"En Cataluña se está hablando de cerrar quirófanos por la tarde, pero es que aquí ya vivimos ese cierre con la excusa de la perversidad del sistema de peonadas; vimos la no renovación de trabajadores hospitalarios, la paralización del Plan de Mellora da Atención Primaria, la supresión de guardias de presencia física de Radiología en los hospitales comarcales, la cesión de servicios de diálisis a una fundación privada, el atraso de la construcción de los hospitales de Vigo y Pontevedra (que pasarán a costar cuatro veces más que en los planes del Bipartito al dar entrada al capital privado) o la paralización de los planes directores de Ourense, Santiago o A Coruña", apunta Manuel Martín, médico de familia del Sergas y portavoz de la ADSP.

"El problema, añade, es que está claro que lo que se pretende es hacer de la sanidad pública un negocio muy lucrativo". "Esa es la agenda oculta: desmontar el sistema público para abrir expectativas de negocio a los seguros privados. Eso es lo que pretende el Gobierno catalán poniendo al frente de la Consejería de Salud a un directivo de la patronal de la sanidad concertada", sostiene.